ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA,TRANSPARENCIA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA A NIVEL AUTONÓMICO

La contratación pública es uno de los sectores del ordenamiento jurídico-administrativo de mayor interés para el estudio de la regulación del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la organización y en los procedimientos de actuación de las diferentes las Administraciones Públicas por tres motivos fundamentales: por el importante volumen de gasto público que supone para nuestro país, lo cual convierte en fundamental la realización de dos principios nucleares de la acción administrativa (el principio de eficacia y el principio de transparencia); por tratarse de un ámbito especialmente sometido a regulación que genera una relevante litigiosidad; y porque permite analizar en profundidad los efectos que provoca y las consecuencias que trae consigo la incorporación de nuevas formas de actuación y de nuevos instrumentos de acción en procedimientos consolidados fuertemente burocratizados, con tensiones entre inercias cuasi-seculares con innovaciones que no terminan de abrirse paso.

Esta es la motivación que ha conducido a un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, vinculados al Centro de Estudios Europeos «Luis Ortega Álvarez», a llevar a cabo un proyecto de investigación que, bajo el título «Administración electrónica, transparencia y contratación pública», pretende, desde la colaboración y el diálogo permanente entre académicos y profesionales de la Administración Pública de diferentes niveles territoriales, abordar los principales retos que plantean en la actualidad las relaciones entre Administración electrónica, transparencia y contratación pública.

Esta obra —que se suma a la publicada por esta misma editorial en 2020 con el mismo título del proyecto— recoge los textos de las ponencias y comentarios del II Congreso INNOVAP-CLM, desarrollado los días 10 y 11 de diciembre de 2020 en el contexto del proyecto de investigación, profundizando en las relaciones entre estos tres grandes bloques normativos a nivel autonómico.